El Gobierno de Bolivia rechazó el ingreso y procedió a la deportación de una delegación argentina perteneciente a una autodenominada y desconocida “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”.
El grupo, integrado por diputados kirchneristas, legisladores de izquierda y referentes sindicales, intentó ingresar al país andino en un momento de alta tensión política y social, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como un intento de injerencia en los asuntos internos bolivianos.
La expulsión se produce en medio de una severa crisis humanitaria en Bolivia, provocada por los bloqueos de carreteras que mantienen los seguidores del expresidente Evo Morales. Estas protestas han impedido de manera sistemática el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas hacia las principales ciudades del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó el incidente a través de su titular, el canciller Pablo Quirno, quien entregó un comunicado oficial detallando los motivos de la inadmisión. Según el jefe de la diplomacia argentina, las autoridades migratorias bolivianas detectaron severas contradicciones en los motivos del viaje del contingente.
“Las autoridades bolivianas detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación. En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, explicó Quirno.
Entre los miembros de la comitiva se encontraban legisladores nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y dirigentes gremiales vinculados a la oposición argentina.
Uno de los afectados, el diputado nacional Juan Marino (perteneciente a la bancada kirchnerista de Unión por la Patria), confirmó la expulsión y el posterior viaje de retorno a través de sus redes sociales.
Declaración oficial en X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió el legislador en su cuenta oficial de la red social X.
El episodio subraya la firme postura del gobierno boliviano frente a la presencia de actores políticos extranjeros en su territorio durante la actual crisis interna, apelando al estricto cumplimiento de sus leyes migratorias y de soberanía nacional, explicaron analistas políticos.
