Decenas de productores lecheros de la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, ingresaron este miércoles por la fuerza al aeropuerto principal de ese departamento para protestar por los perjuicios causados por los bloqueos de carreteras con los que algunos sectores exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Medios locales mostraron imágenes del momento en el que los manifestantes, mayormente pequeños productores de lácteos y ganaderos, rebasaron a los agentes de seguridad del Aeropuerto Jorge Wilstermann y se apostaron en la puerta principal de esa terminal aérea, resguardada por policías antidisturbios, aunque sin mayores incidentes.
Los movilizados llevaban pancartas que pedían «Libre transitabilidad», «Soluciones a los bloqueos» y también mensajes para exigir que el presidente dicte un «estado de sitio» porque el sector está «trabajando a pérdida», ante la imposibilidad de llevar sus productos a otras regiones por los cortes de rutas.
Los bloqueos de carreteras promovidos por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz y sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) comenzaron en el departamento de La Paz el 6 de mayo y luego se extendieron a otras regiones, como Cochabamba.
Si bien esta semana disminuyeron los cortes de rutas respecto a los días anteriores, este miércoles persisten 50 puntos de bloqueos en cinco de las nueve regiones bolivianas, la mayoría en La Paz, Cochabamba y Oruro, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, y pérdidas económicas estimadas en 2.760 millones de dólares
Esta jornada se espera un diálogo entre el Gobierno y los dirigentes de la COB, quienes en la víspera presentaron un documento con una serie de demandas para «pacificar el país», entre ellas, asegurar que no haya sanciones contra los sectores promotores de las manifestaciones, y la exigencia de que se cumplan las promesas electorales del Ejecutivo.
Los campesinos de La Paz también condicionaron el diálogo al cumplimiento de cinco puntos, como una «amnistía presidencial y restitución de garantías» ante los procesos penales contra algunos manifestantes y la anulación o modificaciones a decretos y leyes recientemente aprobadas.
Por su parte, los afines a Evo Morales se niegan a dialogar y amenazaron con «radicalizar» las protestas hasta lograr la renuncia de Paz, mientras que los sectores afectados por los conflictos han demandado que el gobernante dicte un estado de excepción.
El martes, Paz recordó que la Constitución y la ley de regulación de estados de excepción que firmó la semana pasada le permiten actuar ante los conflictos, pero consideró que «el diálogo está desbloqueando más que la fuerza», ante la disminución de los cortes de rutas.
