El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, brindó un informe detallado sobre las recientes acciones de fiscalización que permitieron detectar y frenar “de manera oportuna” diversas irregularidades en Cartones de Bolivia (Cartonbol), la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) y el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP).
El primer caso reportado ocurrió en la planta de Cartonbol, en la ciudad de Oruro. El viernes 12 de junio, un ciudadano, identificado como Wilson Coca Huayta, ingresó a las instalaciones manifestando actuar en representación de un diputado nacional.
El sujeto solicitó de forma irregular el pago de Bs 2.000 con el supuesto fin de «pacificar» a bloqueadores y comunarios de la zona, afirmando falsamente que contaba con el aval de altas autoridades y del gerente técnico de la empresa.
Tras verificar que ni la gerencia técnica, ni el legislador mencionado tenían conocimiento del accionar de este individuo, Cartonbol activó sus protocolos de seguridad.
Con el apoyo del efectivo policial de la planta, el sujeto fue retenido preventivamente y posteriormente aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Actualmente, se encuentra con medidas sustitutivas por el presunto delito de concusión.
El siguiente caso se registró en el OAP, donde en mayo de este año se identificó que siete funcionarios públicos realizaban pagos irregulares equivalentes al 30% de sus salarios a favor de un dirigente de una organización social de la Comunidad Chichas.
Estos «aportes» ilegales se realizaban bajo el argumento de haber sido recomendados por dicha autoridad indígena para ingresar a la institución.
Evidenciado el hecho ilícito, los siete funcionarios fueron destituidos de manera inmediata por incurrir en faltas gravísimas al Reglamento Interno de Personal y contravenir la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
“En este ministerio nunca se ha pedido ni se va a pedir absolutamente a nadie aportes ni para partidos, ni por algo ni para absolutamente nada. Porque acá el respeto es al trabajo y al trabajador”, enfatizó el ministro.
Un tercer caso se relaciona con EBA. Justiniano informó que en pasados meses se detectaron graves anomalías en la adquisición de bobinas para leche destinadas a las plantas procesadoras de Achacachi, San Andrés y Challapata.
Personal de la empresa omitió los procedimientos obligatorios del Decreto Supremo 181, gestionando de forma dirigida la compra de insumos mediante cinco “fondos en avance” por un monto total de Bs 1.225.100,00 a favor de un único proveedor.
Ante la flagrante falta de sustento normativo, se dispuso la destitución inmediata de los responsables de mayor rango, incluyendo al Gerente Ejecutivo de EBA, los jefes de las gerencias Financiera, de Producción y Legal, además de los jefes de unidad y técnicos que recibieron y transfirieron los desembolsos.
Para reconducir la institución, se posesionó a Mónica Roca como nueva gerente ejecutiva de EBA, quien ya designó un nuevo equipo gerencial. El caso se encuentra bajo una auditoría e investigación profunda.
“No se puede estafar al pueblo boliviano. Nadie va a lucrar acá un peso tratando de generar actos de corrupción”, enfatizó Justiniano.
La autoridad remarcó que la instrucción del Gobierno nacional es clara: aplicar una política estricta de «cero tolerancia» frente a cualquier cobro irregular, evasión de normas de contratación o desvío de recursos que atenten contra el patrimonio del Estado o afecten la integridad de los trabajadores públicos, de acuerdo con el reporte oficial.
