La Central Obrera Boliviana (COB) informó que mantiene conversaciones con el Gobierno para evaluar la liberación de los detenidos durante las protestas impulsadas por sectores que, desde inicios de mayo, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La organización sindical estableció esta condición como requisito para continuar el diálogo iniciado la víspera con las autoridades nacionales.
El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, explicó a los medios que un “equipo jurídico” de la entidad y otro del Ejecutivo analizan los casos de los manifestantes arrestados, mientras una comisión independiente aborda el resto de las demandas laborales. “El país está esperando resultados (…) creemos que la intención política (para resolver el conflicto) existe”, señaló Argollo.
El miércoles, representantes del Gobierno y la COB sostuvieron un encuentro que quedó en suspenso después de que Argollo condicionara el avance del diálogo a la liberación de los manifestantes detenidos.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, advirtió que “un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley, ni dar impunidad a quienes hayan cometido delitos”, y ratificó que cada caso será evaluado de forma individual.
El funcionario agregó que la pacificación del país, que implica el desbloqueo inmediato de rutas, es una condición fundamental para establecer una mesa de diálogo. “La prioridad para nosotros, incluso antes de iniciar, es pedir esta tregua y esta tregua tiene que permitirnos (…) que se normalice la circulación”, afirmó.
La COB y la Federación de Campesinos de La Paz encabezan desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras que exigen la salida del jefe de Estado, con respaldo de sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. Los campesinos solicitaron el martes cinco condiciones para dialogar, entre ellas una “amnistía presidencial” para los detenidos, aunque su principal dirigente, Vicente Salazar, cuestionó la credibilidad de la COB por reunirse con el Ejecutivo.
Algunos sectores campesinos amenazaron con una radicalización de los bloqueos e informaron que impedirán el ingreso de productos a las ciudades de La Paz y El Alto. Mientras tanto, seguidores de Morales rechazan cualquier negociación y mantienen la exigencia de renuncia de Paz, quien suma siete meses en el cargo.
El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, con un saldo de al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.760 millones.
La reunión entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) se realizó pasada la media tarde del miércoles en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB). Por parte del Gobierno asistieron Paz y ocho ministros, mientras que la delegación sindical estuvo encabezada por el líder minero Mario Argollo y dirigentes de sindicatos afiliados.
Durante el encuentro, el mandatario declaró: “Hoy día es el momento donde empieza un espacio de reconciliación, un espacio de cumplir lo que manda la Constitución, el ‘vivir bien’. El ‘vivir bien’ no es con bloqueos, no es con hacernos daños entre bolivianos, sino en la búsqueda de este diálogo”. Paz reconoció las dificultades recientes: “Han sido días muy duros”, pero pidió mirar “hacia adelante” y trabajar para “reconstruir la confianza entre los bolivianos”.
Los campesinos de La Paz enviaron el martes una carta al presidente en la que condicionaron el diálogo con el Gobierno al cumplimiento de cinco puntos, entre los que destacan la exigencia de una “amnistía presidencial y restitución de garantías” para los manifestantes con procesos penales. Además, solicitaron la anulación o modificaciones de decretos y leyes aprobados recientemente.
