El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que su gobierno recuperará el control sobre territorios que hoy permanecen bajo el dominio de organizaciones sociales afines al ex presidente Evo Morales, en particular el Chapare, la región cocalera del departamento de Cochabamba donde Morales se refugia desde finales de 2024 para eludir una orden de captura judicial.
La declaración marca una escalada en la confrontación entre el gobierno centroderechista y el líder de la izquierda boliviana, cuya figura comienza a mostrar signos de desgaste incluso dentro de su propio bastión.
“Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece”, declaró Paz durante un acto por el aniversario de la Policía boliviana. “Aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores”, añadió, en referencia directa al Chapare, según aclaró posteriormente la Presidencia.
El mandatario, en el poder desde noviembre de 2025, acaba de superar la crisis política más aguda de su gestión: durante siete semanas, coaliciones de indígenas, obreros y productores de coca bloquearon carreteras y exigieron su renuncia, en protesta por una crisis económica que analistas califican como la más profunda de Bolivia en cuatro décadas.
La tensión se resuelve, al menos en apariencia, sin disparos. El gobierno decretó el sábado un estado de excepción y promulgó una ley que habilita la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Los bloqueos se levantaron de manera gradual y sin que se registraran enfrentamientos de magnitud, lo que dejó al Chapare como el único foco activo de resistencia y a Morales cada vez más aislado del resto del movimiento de protesta.
Morales, sin embargo, no cede terreno en el discurso. En una entrevista concedida este martes a la AFP desde Lauca Ñ con decenas de dirigentes campesinos, el ex presidente calificó la situación como una provocación deliberada del Estado.
“Con toda esta política neoliberal y el estado colonial, están forzando que haya una guerra civil”, afirmó. Ante la posibilidad de una intervención en el Chapare, advirtió: “Aquí va a haber problemas, estamos bien organizados”. Sus partidarios, añadió, “se van a defender”.
El Chapare no es un territorio cualquiera en el mapa político boliviano. Es la región donde Morales inició su carrera como dirigente sindical cocalero en la década de los noventa, cuando lideró la resistencia a las políticas de erradicación de cultivos impulsadas por Washington y aplicadas por sucesivos gobiernos bolivianos.
Desde entonces, los sindicatos del trópico de Cochabamba han sido su columna vertebral electoral y organizativa. Cuando la justicia emitió en su contra una orden de captura —por un caso de trata de menor— fue precisamente al Chapare adonde regresó.
Las organizaciones campesinas de la zona llevan meses custodiando su presencia e impidiendo el cumplimiento de la orden judicial, en lo que constituye un desafío abierto al Estado de derecho.
El gobierno de Paz, que llegó al poder poniendo fin a dos décadas de hegemonía de la izquierda boliviana, ha señalado a Morales como el instigador de las protestas y ha alegado que estas fueron financiadas con recursos del narcotráfico.
El ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el Ejecutivo prepara un operativo para permitir el ingreso de las fuerzas de seguridad al Chapare, aunque precisó que se desarrollará “con tranquilidad y calma”. El Ejecutivo no fijó fecha para una eventual intervención.
Morales, por su parte, descartó haber negociado el fin de los bloqueos. “Por ahora observamos una tregua. No se trata de una rendición”, declaró ante dirigentes cocaleros.
En la entrevista con AFP, fue más explícito: dijo que el gobierno “se salvó” al ofrecer beneficios a ciertos sectores de manera reservada, y que el único frente que no negoció fue el del trópico de Cochabamba. También rechazó que su movimiento haya exigido la renuncia de Paz, aunque dijo que esa demanda se ha extendido entre la ciudadanía. Su propuesta, si la crisis económica no se resuelve, pasa por convocar a elecciones anticipadas como salida constitucional.
El desenlace inmediato favorece al gobierno. Paz llegó al poder en noviembre de 2025, en una elección que puso fin a veinte años de izquierda en Bolivia, y ha logrado contener la mayor amenaza a su mandato sin recurrir a la represión masiva.
Pero el nudo estructural sigue sin desatarse: Morales permanece libre en territorio boliviano, protegido por una red de lealtades políticas que el Estado aún no ha podido disolver. La anunciada reconquista del Chapare pondrá a prueba si esa ventaja política se puede traducir en autoridad real sobre el territorio.
