El Gobierno cuestionó este lunes la amenaza de un paro nacional del Órgano Judicial para demandar un incremento presupuestario y calificó esa posibilidad como un hecho «inaudito» y una medida de presión de carácter «corporativo sindical», aunque ratificó su disposición a dialogar con las autoridades judiciales.
El pronunciamiento fue realizado por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en respuesta a las declaraciones del magistrado Rommel Saucedo, quien, en representación del Órgano Judicial, anunció el envío de una nota al Poder Ejecutivo para solicitar atención a sus demandas y advirtió que, de no ser escuchados, se convocaría inicialmente a un paro de 24 horas, con la posibilidad de ampliar la medida de manera escalonada hasta llegar a un paro indefinido.
«El anuncio de un paro en el órgano judicial es un hecho inaudito y su sola mención o sugerencia es reprochable», afirmó Gálvez.
Agregó que la crisis del sistema judicial «no se soluciona con un paro» y sostuvo que, si la medida llegara a concretarse, «las consecuencias serán de entera responsabilidad de quienes convoquen».
El vocero señaló que nunca antes, en la historia republicana del país, magistrados de los más altos tribunales habían planteado una paralización que prive a la población del servicio de justicia.
Asimismo, aseguró que el Gobierno respeta plenamente la independencia de los órganos del Estado, pero consideró necesario pronunciarse por tratarse de una situación sin precedentes.
«No estamos de acuerdo en que se adopten lógicas corporativas de corte sindical que ya le hicieron mucho daño al país», manifestó Gálvez, al señalar que los asuntos administrativos deben resolverse mediante la coordinación y el respeto entre los órganos del Estado.
En ese marco, indicó que el Ejecutivo aguardará la nota anunciada por las autoridades judiciales y reiteró que existe disposición para instalar un diálogo.
«Siempre el diálogo será bienvenido porque es la forma de resolver los temas», afirmó al ser consultado sobre una eventual reunión con las autoridades del sistema judicial. No obstante, insistió en que el anuncio de un paro como mecanismo de presión «no es necesario» y que las diferencias pueden resolverse «sentándonos a la mesa con un plan de trabajo».
Respecto a la demanda de incremento presupuestario, Gálvez reconoció que Bolivia atraviesa una crisis económica y afirmó que el Gobierno mantiene una política de contención del gasto público.
«Necesitamos recortar los gastos públicos, pero eso no inhibe de la necesidad de atender aquellas cosas que son relevantes», señaló.
El vocero sostuvo que, más allá del debate sobre recursos económicos, la prioridad debe ser una reforma estructural del sistema judicial.
«El eje ordenador de la discusión cuando hablamos de la justicia debe ser la reforma de la justicia», afirmó, al considerar que el uso de los recursos públicos debe orientarse a resolver los problemas de fondo del sistema.
Tras la amenaza de los jueces, el vicepresidente Edmand Lara convocó a las autoridades judiciales a diálogo con las bancadas legislativas para el jueves.
Mediante un comunicado, indicó que en el diálogo se hablará de los proyectos de ley que enviaron las autoridades judiciales.
Los proyectos de ley se refieren al financiamiento del Órgano Judicial y su modernización, además de la convocatoria a elecciones para llenar las acefalías.
