Líderes cívicos del departamento de Santa Cruz anunciaron que impulsarán denuncias penales contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros dirigentes sociales, a quienes atribuyen la responsabilidad por los casi 50 días de bloqueos de carreteras que afectaron recientemente al país.
El anuncio fue realizado por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, tras una reunión con autoridades nacionales. Según explicó, las denuncias alcanzarán a Morales, a los dirigentes Mario Argollo y Vicente Salazar, además de otros actores políticos que, a su juicio, alentaron las protestas.
“Nosotros vamos a presentar denuncias penales contra los responsables que creemos, desde nuestra institución, que son Evo Morales, Mario Argollo, Vicente Salazar. Como también hay actores del Poder Legislativo que estuvieron instigando estos bloqueos”, afirmó Cochamanidis en una rueda de prensa.
La declaración del presidente cívico se produce pocos días después de que se lograra restablecer la circulación en la red vial nacional tras casi siete semanas de piquetes con los que los sectores movilizados exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusaban de traición y de gobernar en contra de sus intereses.
La medida fue impulsada inicialmente por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y luego sumó el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y los cocaleros afines al expresidente Morales, entre otras organizaciones.
El conflicto dejó al menos 14 fallecidos por falta de asistencia médica oportuna debido a los bloqueos y generó pérdidas millonarias para distintos sectores económicos.
Según las estimaciones de entidades vinculadas al comercio exterior y la industria, el país perdió casi 3.000 millones de dólares, equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto (PIB).
La protesta también provocó problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos de primera necesidad, especialmente en la ciudad de La Paz, cuyas vías de acceso estuvieron cortadas.
Aunque el Gobierno se comprometió con los dirigentes obreros a “no perseguir judicialmente” a los manifestantes y revisar la situación jurídica de los detenidos en las protestas en un plazo de 90 días, varios sectores exigen que los responsables de los bloqueos no queden impunes.
En un cambio de postura respecto a los acuerdos firmados, el presidente Paz manifestó la semana pasada que “tiene que haber responsables ante la justicia” y que quienes impulsaron las protestas deben estar en la “cárcel por el daño que le hicieron a la sociedad”.
Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se informó sobre procesos contra dirigentes ni avances en la revisión jurídica de la situación de los detenidos.
Entre tanto, el Gobierno inició mesas de trabajo con la Central Obrera Boliviana para desarrollar los acuerdos alcanzados entre ambas partes el pasado 19 de junio, que incluyen, entre otros puntos, el compromiso de no realizar “persecución judicial” contra los dirigentes, no privatizar empresas públicas y resolver el conflicto del combustible.
Ese contexto activó el debate sobre las responsabilidades por las consecuencias del conflicto y los proyectos de “antibloqueos” que fueron presentados en la Asamblea Legislativa. Mientras organizaciones empresariales, cívicas y algunos sectores políticos exigen sanciones, los dirigentes sindicales sostienen que criminalizar la protesta vulneraría el derecho a la protesta garantizado en la Constitución Política del Estado.
