La Fiscalía de Santa Cruz ha admitido formalmente una denuncia penal presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el dirigente de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar.
La acusación se centra en su rol como impulsores de las movilizaciones y bloqueos de caminos que paralizaron diversas regiones del país durante 53 días.
Según los denunciantes, estas medidas de presión no solo afectaron gravemente la economía nacional con daños millonarios, sino que también resultaron en la muerte de más de 10 personas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los cierres de vías. «Lo que ocurrió en el país desde el primero de mayo hasta junio tiene que tener responsables», afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico.
La querella identifica un total de nueve delitos, entre los cuales los más destacados por la defensa cívica son: alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
Con la admisión de la denuncia, el Ministerio Público iniciará la etapa de investigación para recolectar elementos que sustenten las acusaciones y convocará a los involucrados conforme avance el proceso.
Esta nueva acción legal se suma a los procesos que ya enfrenta Evo Morales, quien permanece resguardado en el Trópico para evitar una orden de aprehensión previa por un caso de trata de personas. Por su parte, la admisión de la denuncia contra Mario Argollo ocurre poco después de que este firmara un acuerdo con el Gobierno, tras el cual se decretó un Estado de excepción que llevó al repliegue de los sectores movilizados.
Los bloqueos, que se extendieron por casi dos meses, concluyeron tras la intervención gubernamental y la pausa anunciada por los sectores afines a Morales ante la vigencia de las medidas excepcionales.
