La policía de Bolivia detuvo este sábado a Vicente Salazar, líder de la Federación Túpac Katari e impulsor de las protestas contra el gobierno que recientemente desabastecieron a varias ciudades del país, informó la fiscalía.
Salazar fue detenido en el marco de una investigación abierta tras una denuncia presentada por el gobierno de Rodrigo Paz contra los organizadores de los bloqueos de carreteras que dispararon la escasez de medicamentos, alimentos y combustibles.
El Ministerio de Gobierno (Interior) confirmó en un comunicado de prensa que la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) aprehendieron al máximo dirigente de la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’ pasado el mediodía en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
Salazar iba en un vehículo e inicialmente se resistió a la aprehensión, pero luego bajó del mismo y los agentes lo llevaron a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, indicó el ministerio.
El dirigente está investigado por los presuntos delitos de «instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos», señaló.
Según el ministerio, Salazar está «identificado como uno de los dirigentes que tuvo participación en la organización y convocatoria» de los bloqueos de carreteras registrados durante más de 50 días en distintas regiones.
«Estos hechos forman parte de las investigaciones que llevan adelante las instancias jurisdiccionales en el marco de las acciones destinadas a esclarecer las responsabilidades sobre la afectación a la población», agregó el comunicado.
Los bloqueos se extendieron durante siete semanas y fueron liderados por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), sumando luego el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales, para exigir la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.
El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.
Tras lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.
La Fiscalía admitió hace unos días una denuncia presentada por el Comité Cívico de la región de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, contra Morales, Salazar y el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, a quienes acusan por los supuestos delitos de «alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa», por los daños que dejaron las protestas.
El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, dijo a los medios este sábado que la detención de Salazar no es por la denuncia de esa entidad, sino por otra causa, pero dijo que es el «inicio» para establecer responsabilidades por «el daño que se realizó a todo un país».
Zambrana consideró que Salazar «era el eslabón débil de todo este movimiento irregular, conspirativo contra el Estado boliviano», por lo que exigió que también sean detenidos Morales y Argollo.
Su gobierno estima que los bloqueos, que en su punto álgido llegaron a un centenar, causaron pérdidas de 3.000 millones de dólares. La Paz, su vecina El Alto y otras ciudades sufrieron una fuerte escasez de insumos básicos.
El mandatario acusó al expresidente Morales de estar detrás de las movilizaciones, cuyo objetivo, afirmó, era «alterar el orden democrático».
