Diversas organizaciones y asociaciones representativas del periodismo y de la sociedad civil en Bolivia emitieron un comunicado conjunto para manifestar su profunda alarma y rechazo ante el Proyecto de Ley N° 066/2025- 2026 C.S., denominado «Ley de Acceso a la Información».
La norma, cuyo debate inició en la Cámara de Senadores el pasado 2 de julio, es calificada por los gremios como un grave retroceso que vulnera la Constitución Política del Estado y los estándares internacionales en la materia.
Las entidades firmantes —entre las que destacan la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), entre otras— denunciaron que el proyecto fue tratado sin ningún tipo de socialización con la ciudadanía ni con los sectores periodísticos.
De acuerdo con el pronunciamiento, el Senado omitió la mayor parte de los contenidos de un proyecto previo aprobado el 23 de octubre de 2024, el cual sí había sido consensuado y debatido ampliamente con la sociedad civil y que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. En su lugar, se introdujo una propuesta que excluye todos los acuerdos alcanzados anteriormente.
El comunicado detalla varios puntos críticos que hacen a la norma «particularmente nociva contra el trabajo periodístico»:
Trámites restrictivos: Se exige que las solicitudes de información sean estrictamente escritas, requiriendo el registro de datos personales y la entrega de una fotocopia de la cédula de identidad. Los gremios advierten que esto contradice la simplificación de trámites y pone en riesgo la seguridad de los comunicadores que realizan investigaciones de fondo.
Plazos excesivos: La ley otorga a las entidades públicas hasta tres semanas para entregar la información solicitada, incluso si esta se encuentra disponible de manera inmediata.
Falta de independencia: El control y la investigación ante la negativa de entregar información quedaría en manos de las Unidades de Transparencia de cada institución, cuyos cargos son de carácter político y carecen de autonomía.
Las organizaciones lamentaron que el Senado no haya convocado a audiencias públicas para subsanar los vacíos de la norma.
