Bolivia atraviesa un nuevo periodo de escasez de combustible pese al levantamiento de los bloqueos de carreteras que durante casi 50 días paralizaron gran parte del país.
Las filas en las estaciones de servicio reflejan las cifras que advierten los gremios del transporte: el servicio público de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y extensa del país, señaló que opera con el 50% de los buses afiliados, mientras que la Cámara de Transporte de Carga Pesada indicó que el 70% de sus camiones están varados en los surtidores a la espera de poder cargar diésel.
Las justificaciones del Gobierno son diversas. Inicialmente se atribuyó la escasez a los bloqueos que impedían el tránsito de las cisternas, más tarde se mencionó que los nuevos protocolos de control de calidad demoran el proceso de despacho y finalmente se mencionó que hay “mafias” de desvío de combustible para actividades ilícitas.
En medio de reclamos de sectores estratégicos, como la agroindustria y el transporte, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartó dificultades económicas para la importación y señaló que la adquisición se realiza con pagos diferidos. Sin embargo, descartó fijar plazos para la regularización de la distribución.
“No sabemos cuándo se normalizará. No les puedo dar una fecha exacta; a mí no me gusta especular; no tengo una bola (de cristal) para ver qué va a pasar”, afirmó en una rueda de prensa.
La crisis de abastecimiento ha llevado al Gobierno de Rodrigo Paz a autorizar la importación privada de combustible. A través del Decreto Supremo 5644, el Gobierno formalizó un mercado privado de combustibles con un precio de referencia.
Esta norma da un paso más hacia la comercialización privada de diésel y gasolina, luego de la medida transitoria que implementó el expresidente Luis Arce (2020-2025) cuando estalló la crisis derivada de la baja producción local y las dificultades de importación por la escasez de divisas.
Si bien el Estado seguirá importando y distribuyendo combustible a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPBF), la medida busca garantizar el abastecimiento y diversificar la oferta.
El conflicto de los carburantes no es reciente en Bolivia. El país importa casi la totalidad del diésel y más del 50% de la gasolina que consume su mercado interno tras la caída en la producción local. En ese contexto y ante la falta de divisas para su importación, en 2023 surgieron los periodos de escasez, que fueron cada vez más prolongados y frecuentes.
Cuando el presidente Paz asumió el Gobierno, en noviembre de 2025, anuló el subsidio a los combustibles que estuvo vigente por más de 20 años y mantuvo un precio regulado por debajo del internacional, lo que provocó además la expansión de redes de contrabando hacia otros países.
Tras el fin de la subvención, surgieron denuncias de distribución de combustible de mala calidad que estaba dañando cientos de vehículos. El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada” e implementó un seguro para resarcir daños a los más de 70.000 vehículos que reportaron daños, además de controles de calidad más rigurosos.
Este conflicto fue uno de los detonantes de las recientes protestas contra el Gobierno. Lo que derivó en pedidos de renuncia inició con reclamos sectoriales diversos que incluían garantizar gasolina de mejor calidad.
En ese marco, en el acuerdo que firmó el Gobierno con los manifestantes de la Central Obrera Boliviana el 19 de junio para suspender las protestas, hay un punto específico que se refiere a los combustibles.
La administración de Paz se comprometió a garantizar el abastecimiento del producto con estándares internacionales, a realizar una auditoría para identificar el origen y a los responsables de la gasolina contaminada y a conformar mesas de trabajo para verificar la calidad y establecer medidas de control.
