El alcalde de Cochabamba advierte que las pérdidas millonarias en los sectores productivo, comercial y del transporte frenan de forma crítica el desarrollo del país.
La autoridad municipal demanda un marco legal estricto que aplique sanciones ejemplares para garantizar de forma permanente el derecho a la libre transitabilidad.
COCHABAMBA, BOLIVIA — El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lanzó un enérgico llamado a los poderes del Estado para frenar el uso desmedido de los bloqueos de caminos como mecanismo de presión política y social.
La autoridad municipal afirmó que es un imperativo nacional «escarmentar» a los promotores de estas medidas, debido a las devastadoras secuelas económicas que asfixian el aparato productivo de Bolivia.
Reyes Villa sostuvo que el país no puede seguir siendo rehén de intereses particulares que atentan contra el bienestar colectivo.
En ese sentido, calificó como una necesidad urgente la redacción y aprobación de una Ley Antibloqueos. Esta normativa, según detalló, debe poseer el rigor suficiente para sancionar penal y económicamente a quienes vulneren los derechos de la ciudadanía, asegurando que las carreteras permanezcan expeditas bajo cualquier circunstancia.
«Es momento de escarmentar a quienes promueven los bloqueos de caminos. No se puede permitir que se siga jugando con el bolsillo, el trabajo y el esfuerzo de los bolivianos. Necesitamos de manera urgente una ley antibloqueos que garantice el derecho fundamental a circular sin restricciones y que castigue severamente a quienes causan pérdidas millonarias al país», aseveró enfático el burgomaestre.
La autoridad edil desglosó los principales efectos negativos que provocan estas medidas de presión, identificando tres áreas críticas de afectación inmediata:
Desabastecimiento de alimentos: Los cercos camineros impiden la llegada oportuna de productos de primera necesidad a los centros urbanos, provocando especulación y un encarecimiento directo de la canasta familiar.
Pérdidas millonarias multisectoriales: El sector productivo, la cadena agroindustrial, el comercio y los transportistas sufren daños económicos de carácter irreversible por cada jornada de paralización forzada.
Freno al desarrollo general: El clima de inestabilidad y la imposibilidad de libre tránsito ahuyentan la inversión, paralizan la generación de empleo y estancan el crecimiento económico nacional.
Finalmente, Reyes Villa reiteró que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado, pero aclaró que este termina cuando se vulneran de forma violenta los derechos al trabajo, a la salud y a la libre transitabilidad del resto de la población.
La propuesta de la autoridad apunta a establecer un precedente legal definitivo para que los bloqueos dejen de ser utilizados de manera impune en el territorio nacional.
