La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales, acusado de presuntamente liderar las protestas y bloqueos de rutas que paralizaron el país durante más de 50 días.
“El día de hoy se ha librado una orden de aprehensión” contra Morales, confirmó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
La medida judicial se enmarca en una investigación por las movilizaciones registradas entre mayo y junio, cuando sectores campesinos, obreros y organizaciones sociales realizaron cortes de rutas en distintos puntos del país para reclamar respuestas ante la crisis económica que atraviesa Bolivia.
“Rodrigo Paz no cayó, pero ya no gobierna”, la advertencia sobre la crisis que sacude a Bolivia
La Fiscalía investiga a Morales por presuntos delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
Durante varias semanas, las interrupciones en las rutas provocaron escasez de alimentos en distintas ciudades, largas filas en estaciones de servicio y problemas en hospitales por la falta de insumos, incluido oxígeno medicinal.
Según información oficial, las protestas dejaron al menos 16 personas fallecidas y generaron pérdidas económicas estimadas en 3 millones de dólares.
El gobierno del presidente Rodrigo Paz había denunciado que las movilizaciones buscaban alterar el orden democrático y señaló a sectores vinculados al exmandatario como responsables de las medidas de presión.
La investigación contra Morales comenzó a partir de una denuncia presentada a principios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, una organización integrada por empresarios y dirigentes civiles.
A esa presentación luego se sumó el Ministerio de Gobierno de Bolivia, que impulsó la investigación por la presunta participación del exmandatario en la organización de los bloqueos.
La causa también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece detenido de manera preventiva por otra investigación vinculada a los mismos hechos.
Morales rechazó las acusaciones y negó haber promovido una salida anticipada del presidente Rodrigo Paz. El exmandatario sostuvo que las protestas fueron impulsadas para exigir respuestas del gobierno frente a las demandas sociales y económicas de los sectores movilizados.
Desde la región del Chapare, donde permanece refugiado con apoyo de comunidades campesinas, afirmó que las autoridades buscan responsabilizarlo por la crisis que atraviesa Bolivia y denunció una persecución política en su contra.
Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales. El ex presidente ya era buscado desde octubre de 2024 por una causa relacionada con una denuncia por presunta trata de una menor, acusación que él niega y considera parte de una persecución en su contra.
Con esta nueva medida judicial, el conflicto político boliviano suma un nuevo capítulo entre el gobierno de Rodrigo Paz y el sector más cercano al exmandatario, que continúa teniendo influencia entre organizaciones sociales del país.
