El presidente boliviano Rodrigo Paz cierra una semana compleja con varios reveses y acosado en múltiples frentes, poniendo a prueba su capacidad y debilitando aún más su ya frágil posición política.
El viernes destituyó a su ministro de Economía después de que recibiera la desaprobación de la Asamblea Legislativa, mientras que un asesor fue detenido por el presunto intento de feminicidio a su expareja.
Su principal aliado en el Congreso se alejó, fracturando el apoyo a su agenda mientras lucha por sacar a Bolivia de casi dos décadas de gobierno socialista de partido único. Un repentino aumento en el precio del combustible amenazó con reavivar el descontento popular.
“No son tiempos fáciles para el país”, admitió Paz el jueves. Pero tras un vertiginoso ascenso al poder el año pasado, Paz ha pasado sus nueve meses en el cargo acostumbrándose a las dificultades. Sin embargo, los analistas afirman que los últimos reveses podrían representar su mayor desafío hasta la fecha.
Aquí un breve resumen de los contratiempos sufridos por el gobierno esta semana:
Destitución de ministro de Economía
El viernes, mediante un decreto, Paz destituyó a su ministro de Economía, José Gabriel Espinoza —artífice de la reforma de libre mercado de su gobierno— días después de que el Congreso votara a favor de su salida y en medio de una denuncia por supuestamente declarar por un valor menor la compra de un auto de lujo.
Los legisladores aprovecharon el escándalo en torno a la compra del auto de lujo por parte de Espinoza y su ausencia en una audiencia parlamentaria sobre economía para canalizar su creciente frustración por la persistente inflación en Bolivia y la escasez persistente de combustible y divisas.
La fiscalía abrió una investigación penal por las acusaciones de que Espinoza falsificó documentos y ocultó sus ingresos en relación con la compra de un Audi Q4 por 5.000 dólares, un precio muy inferior al del mercado. Espinoza atribuyó la discrepancia a un error administrativo y negó haber cometido irregularidad alguna.
El gobierno de Paz criticó en un principio la votación del Congreso por considerarla inconstitucional e insistió en que Espinoza permanecería en el cargo.
Sin embargo, pronto rectificó, evidenciando su debilidad en el Congreso después de que Samuel Doria Medina, el líder del partido de centroderecha Unidad Nacional, un aliado legislativo clave, se alejó de él la semana pasada debido a su dependencia de los decretos presidenciales.
La destitución de Espinoza deja al plan de rescate económico de Paz sin su principal estratega, justo cuando necesita que el Congreso apruebe un acuerdo de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, desbloqueé un préstamo de 200 millones de dólares del Banco Mundial y apruebe la legislación para introducir dólares en Bolivia, en medio del creciente descontento por las consecuencias de su ajuste fiscal.
Paz nombró en su lugar de forma interina a Óscar Mario Justiniano, quien ocupa la cartera de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
Tras recortar drásticamente los generosos subsidios a los combustibles que mantenía desde hacía tiempo el año pasado, elevando los precios para los bolivianos de a pie, esta semana aumentó el precio del diése l para compras al por mayor en un 84%, lo que enfureció a los agricultores y provocó llamados a una huelga general.
“Ha logrado algunas victorias con el acuerdo con el FMI, al menos en principio, y con otros préstamos multilaterales”, dijo Casey Cagley, asesor sénior de Red Telescope Global, una firma de asesoría estratégica con sede en Seattle, que estudia Bolivia. “Pero eso no se ha traducido en ayuda para la asequibilidad ni en ninguna reforma significativa”.
“A medida que estos problemas se acumulan, se aísla cada vez más”, agregó el experto. “La deserción de aliados del gobierno y la salida de miembros del gabinete le dificultarán cada vez más afrontar este tipo de crisis en el futuro”.
ASESOR ARGENTINO DETENIDO
El martes, en un suceso que generó alto revuelo, la policía detuvo al consultor político argentino Fernando Cerimedo, con estrecho vínculo con el presidente Paz. La fiscalía lo acusó de estar presuntamente implicado en un ataque a tiros contra su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, registrado en la ciudad oriental de Santa Cruz la noche anterior.
Desde su cama de hospital, Beller, de 33 años, lo acusó de orquestar el ataque para silenciarla porque ella conocía la supuesta corrupción dentro del gobierno de Paz.
Cerimedo, quien ha dirigido la estrategia digital de líderes conservadores en toda Latinoamérica, incluyendo al presidente argentino Javier Milei y al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, negó su participación en el ataque.
Un informe médico que Beller compartió con The Associated Press documentaba heridas en el pecho, el brazo, el cuello y los hombros, incluyendo una fractura que requirió cirugía, y señalaba que tenía entre cuatro y seis semanas de embarazo.
Posteriormente, Beller publicó fotos de cajones repletos de dinero en efectivo que, según ella, pertenecían a Cerimedo, y el caso se convirtió en un escándalo aún mayor sobre el influyente, aunque extraoficial, papel de Cerimedo y las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
“El caso Cerimedo y Beller se ha convertido en un punto de inflexión para este gobierno”, dijo la analista política Verónica Rocha. “Su alcance y el nivel de indignación que ha generado lo diferencian de las crisis anteriores”.
Ante esta situación, Rocha consideró que el mandatario debe dar un cambio de rumbo y rendir un informe transparente a la sociedad para recuperar la confianza ciudadana.
