La decisión del Gobierno de Bolivia de subir de 9,80 a 18 bolivianos (unos 2,6 dólares) por litro el precio del diésel para los grandes consumidores ha provocado el rechazo de productores agropecuarios, transportistas y otros sectores, que exigen la derogación de la medida y advierten con movilizaciones.
El Decreto Supremo 5676, vigente desde el 16 de agosto, eliminó la subvención estatal para los denominados “grandes consumidores” de diésel, mientras mantuvo en 9,80 bolivianos por litro el precio para transportistas y particulares.
El Gobierno sostiene que la medida forma parte de los esfuerzos para enfrentar la crisis de abastecimiento de combustibles y reducir el costo que representa la subvención en un contexto de crisis económica.
A una semana de la entrada en vigencia del decreto, al menos ocho sectores han expresado públicamente su rechazo. Entre ellos están organizaciones agropecuarias, transportistas, productores de arroz y caña de azúcar, además de campesinos de distintas regiones.
En Santa Cruz, el principal departamento agrícola del país, productores de cuatro provincias dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para abrogar la norma y anunciaron movilizaciones.
En tanto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que reúne a los productores agrícolas, calificó la disposición como “improvisada” y “discriminadora”.
Su presidente, Klaus Frerking, cuestionó además que el Gobierno sostenga que la norma fue previamente socializada con los sectores afectados. “Si hubiera sido socializado, no tendría todo el aparato productivo nacional, señalando que este decreto no es la solución”, afirmó Frerking en entrevista con el canal Unitel.
El dirigente alertó sobre el impacto de la escasez de combustible en las actividades agrícolas. Según explicó, los retrasos en los despachos afectan la preparación de la tierra, las cosechas y el traslado de alimentos para la ganadería. “Estamos en una situación dramática”, afirmó y reclamó una mayor promoción de los biocombustibles.
La CAO convocó para este jueves a un congreso extraordinario en el municipio de Warnes, en Santa Cruz, donde los productores definirán medidas de presión.
De igual forma, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), que agrupa a organizaciones de los nueve departamentos, cuestionó el aumento del precio y advirtió que puede reducir la producción si no se adoptan medidas para compensar sus efectos.
El rechazo también se extendió al transporte. La Confederación de Choferes de Bolivia declaró al sector en estado de emergencia y anunció la convocatoria a una reunión nacional para asumir acciones.
El dirigente Lucio Gómez advirtió que podrían adoptarse “medidas de presión”, mientras reclamó soluciones tanto al incremento del precio como al desabastecimiento.
El Gobierno enfrenta el conflicto mientras intenta ampliar la participación privada en la importación de combustibles. Bolivia atraviesa desde hace tres años periodos prolongados de escasez debido a la baja producción local y las dificultades de importación por la falta de divisas.
En ese contexto, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abrió el lunes las ofertas de cinco empresas privadas interesadas en suministrar combustible, pero aclaró que están todavía en la etapa de selección.
