La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) pidió al Gobierno abrogar el Decreto Supremo 5676, que fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores, mientras el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la norma forma parte de los condicionamientos establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La posición fue expresada durante una reunión entre el Gobierno y representantes de los municipios, luego de que el presidente de la FAM-Bolivia, Johnny Torres, planteara la derogación del decreto como uno de los seis puntos de la agenda municipal.
“Por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los GRACOs”, manifestó Torres ante el presidente Rodrigo Paz.
En respuesta, Aramayo señaló que el Decreto Supremo 5676 está relacionado con los compromisos asumidos por el país ante el FMI y con la liberación del precio de los hidrocarburos.
“El decreto 5676 al que hacía referencia el señor presidente de la FAM es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional en tanto liberación del precio de los hidrocarburos, porque no es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande”, afirmó.
El pedido de la FAM-Bolivia se suma a las demandas de diferentes sectores productivos que exigen la abrogación del decreto, debido a que consideran que el incremento del precio del diésel para grandes consumidores elevará los costos de producción y terminará repercutiendo en los precios que pagan los consumidores.
Productores cruceños y de otros departamentos otorgaron plazo hasta este domingo al Gobierno para dejar sin efecto la norma. En caso de no ser atendida su demanda, anunciaron que acudirán al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad, donde podrían definirse nuevas medidas de presión
El presidente Rodrigo Paz se reúnio este jueves con alcaldes de 335 gobiernos municipales en la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz.
En el encuentro se abordo cinco puntos, entre ellos la propuesta del 50-50 y el Decreto Supremo 5676, que fija el precio referencial del diésel para grandes consumidores.
Precisamente, uno de los pedidos de los gobiernos municipales es la abrogación de esta norma por los efectos adversos para estas entidades territoriales.
El presidente de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM-Bolivia), Johnny Torres, indicó que “por unanimidad” los alcaldes piden la anulación de la norma del nuevo régimen del diésel.
Al ser considerados grandes consumidores, los municipios deben alterar sus presupuestos para comprar diésel a Bs 18 el litro, lo que ya provocó mayores afectaciones de las que ya tienen por la falta de este combustible.
GOBIERNO Y MUNICIPIOS ACUERDAN REFINANCIAMIENTO DE DEUDAS Y DEVOLUCIÓN DEL IDH
El Gobierno nacional y la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM-Bolivia) acordaron este jueves viabilizar el refinanciamiento de las deudas que los municipios mantienen con entidades estatales, además de consolidar la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.
“Con respecto a la deuda de los municipios, todos los municipios del país pueden solicitar una reunión para el refinanciamiento de sus deudas con las entidades del Estado. Estamos hablando de la Caja Nacional, la Gestora y todas las entidades del sistema nacional”, informó el presidente de la FAM-Bolivia, Johnny Torres.
Respecto a los recursos del IDH, retenidos desde la gestión 2016, Torres precisó que su restitución se programará en el instrumento fiscal nacional. “El segundo punto es el débito del 12%, que hemos convenido que pase a ser parte del Presupuesto General, en el presupuesto de los municipios para 2027. Este débito del 12% se va a consolidar en el presupuesto del siguiente año”, detalló el representante de los municipios.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz informó mediante sus redes sociales que sostuvo que la reunión con el sistema asociativo municipal sirvió para avanzar en la denominada “Agenda 50/50”.
El mandatario señaló que se instalaron mesas técnicas para materializar un equilibrio real de responsabilidades, capacidades y recursos con corresponsabilidad fiscal y sostenibilidad, con el propósito de fortalecer las autonomías en el territorio.
“De esta manera estamos materializando el proceso 50/50 que fortalecerá las autonomías, mejorará la gestión pública y construirá acuerdos duraderos entre todos los niveles de gobierno”, indicó.
Torres confirmó que “hemos pedido al Gobierno el 50/50. Eso va a estar en la mesa de diálogo y concertación con el Gobierno. Hay competencias que los gobiernos municipales asumimos y que definitivamente vienen impuestas por ley”.
