El Gobierno de Bolivia dispuso este miércoles la intervención “extraordinaria” y “temporal” de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), bajo el argumento de recuperar su eficiencia operativa, puesta en entredicho por las irregularidades en el suministro de combustibles.
La medida se estableció mediante el decreto 5697, que dispone “la intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal de la gestión de YPFB, con la finalidad de proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa de la empresa”.
La norma establece que la intervención tendrá una vigencia de 180 días, que se podrá ampliar una sola vez por 90 días adicionales.
“La intervención busca obtener la información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis de la cadena logística de importación y distribución de carburantes, establecimiento de volúmenes para las estaciones de servicio y otras modalidades de venta”, señala el decreto.
El decreto aclara que la intervención no implica la supresión de YPFB ni de su naturaleza jurídica. Además, dispone la creación de una “Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria”, compuesta por los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Hidrocarburos y Energías; Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y del Viceministerio de Transparencia.
La disposición también señala que una de las tareas de la comisión será evaluar las operaciones y decisiones que pudieron haber afectado el abastecimiento de combustibles para, finalmente, elaborar recomendaciones e informes regulares al presidente.
Desde 2024, el abastecimiento de combustibles líquidos ha sido irregular, lo que se refleja en largas filas de vehículos que esperan por horas, o incluso días, para cargar carburantes.
Bolivia importa un 60 % de la nafta y un 95 % del diésel que consume, con un gasto semanal de unos 90 millones de dólares.
Desde el inicio del gobierno de Rodrigo Paz, en noviembre pasado, el abastecimiento ha tenido altibajos.
Entre mayo y junio, el problema fueron los bloqueos de rutas por protestas sociales, pero en las últimas semanas nuevamente hay largas filas en las estaciones de servicio.
A principios de año, varios usuarios empezaron a reportar problemas en sus vehículos, atribuidos a la mala calidad de la nafta. YPFB confirmó que se hallaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, lo que supuestamente generó un desbalance en el combustible.
Los problemas en la provisión y calidad de los combustibles hicieron que Paz cambie en abril a quien fue ministro de Hidrocarburos, a lo que se suman los ajustes en la dirección de YPFB, que tuvo tres presidentes en casi 10 meses de gestión del mandatario.
Por otro lado, el gobierno de Bolivia amplió de 120 a 2.500 litros mensuales el consumo de diésel de pequeños productores con el costo subvencionado de 9,80 bolivianos (0,79 dólares al tipo de cambio vigente) para frenar los reclamos de sectores como los campesinos de Santa Cruz, que este miércoles bloquearon rutas en esa región oriental.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció a los medios la aprobación del decreto 5698, por el que los pequeños productores agropecuarios seguirán accediendo al diésel al precio de 9,80 bolivianos y “podrán adquirir hasta 2.500 litros mensuales para su actividad productiva”.
“El pequeño productor no debe ser considerado como un gran consumidor”, sector para el cual el coste del diésel es de 18 bolivianos (1,46 dólares), de acuerdo a otro decreto del pasado 17 de agosto que retiró parcialmente la subvención de ese combustible.
El ministro mencionó que esa es “una de las principales preocupaciones” planteadas por los pequeños productores de los municipios de Yapcaní, San Julián y Cuatro Cañadas, donde los campesinos encabezan bloqueos de carreteras por 24 horas, para exigir la abrogación del decreto de agosto.
Justiniano anunció que viajará a Cuatro Cañadas para dialogar directamente con los campesinos movilizados y consideró que con la nueva norma, se deberían retirar las medidas de presión.
El nuevo decreto señala que los pequeños productores agropecuarios que se beneficien con el costo subvencionado “no podrán transferir bajo ningún título el diésel adquirido” y si lo hacen, “perderán el beneficio”.
El pasado 17 de agosto, el Gobierno emitió el decreto 5676 que dispuso un nuevo precio para el litro de diésel sin subvención para industrias, empresas y otras entidades consideradas “clientes directos” y “grandes consumidores”, para atender el abastecimiento ante las largas filas que nuevamente se registran en las estaciones de servicio.
La norma establece por ahora “un precio referencial” de 18 bolivianos por litro de diésel, un costo que será variable, pero que no se aplica para el sector del transporte público, ni privados con consumos menores a los 5.000 litros al mes, para los que se mantiene el precio de 9,80 bolivianos.
Sectores agroindustriales, productores y transportistas rechazan la decisión y exigen al gobierno que abrogue la norma, con amenazas de movilizaciones pese al estado de excepción que rige desde junio.
También sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) advirtieron con protestas y este viernes prevén realizar una marcha en la ciudad central de Cochabamba.
