El ministro de Economía, Christian Morales, anunció que el Gobierno prevé comenzar en el corto plazo el cierre de entre ocho y diez empresas públicas que se encuentran en proceso de evaluación, como parte de una política orientada a reducir el gasto y hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado.
“En el muy corto plazo, te hablo por lo menos en lo que va de estos meses, hay un grupo de unas ocho, 10 empresas que vamos a empezar a cerrarlas”, afirmó Morales.
Morales sostuvo que entre las entidades identificadas existen empresas creadas, “con afanes políticos” en anteriores gestiones o con el objetivo de generar empleos vinculados a bases políticas.
“Tenemos que ser mucho más eficientes con nuestros propios recursos”, señaló.
El titular de Economía advirtió, sin embargo, que el cierre de las empresas públicas no será un proceso uniforme, debido a que cada entidad presenta una situación particular. Entre las dificultades mencionó la existencia de activos y pasivos, así como obligaciones derivadas de préstamos otorgados por el Banco Central, en algunos casos con el Tesoro General de la Nación como garante.
“Tenemos que ver la mejor forma de solucionar estos aspectos, porque al final de cuentas son recursos públicos, son recursos de todos los bolivianos”, afirmó Morales, quien añadió que el Gobierno busca evitar futuras complicaciones legales.
El Ministro indicó que mientras algunas empresas podrían ser cerradas con mayor rapidez, otras podrían ser “salvadas” debido a sus características y condiciones particulares. Añadió que las decisiones posteriores dependerán de las conclusiones de la evaluación realizada.
Morales también informó que el Gobierno redujo en alrededor de 30% la carga burocrática correspondiente a las entidades del nivel central del Estado, incluyendo el Órgano Ejecutivo y sus entidades descentralizadas y desconcentradas.
Según el ministro, este ajuste permitió un ahorro aproximado de 2.000 millones de bolivianos, recursos que fueron destinados a otros fines, principalmente a ítems en los sectores de salud y educación.
Morales también se refirió al costo de la subvención a los combustibles y señaló que representa una presión significativa para las finanzas públicas. Indicó que actualmente se ejecutan alrededor de 200 millones de dólares mensuales en este concepto.
El Ministro recordó que en diciembre se realizó un retiro parcial de la subvención y sostuvo que esa medida permitió estabilizar las cuentas del Estado en un contexto en el que los precios internacionales de los combustibles eran diferentes.
Sin embargo, afirmó que factores externos provocaron posteriormente un incremento de los precios internacionales y volvieron a evidenciar, según su criterio, la “insostenibilidad” del actual esquema de subvención.
Morales planteó que el Gobierno deberá evaluar si mantiene esos recursos destinados a la subvención o si los orienta hacia proyectos de inversión e infraestructura en áreas como salud, educación y carreteras.
