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Manifestantes chocan con policías en protesta contra el gobierno de Bolivia

Policías antimotines chocaron este miércoles en la capital política de Bolivia con manifestantes que exigen la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, quien evalúa decretar un estado de excepción para contener con militares la ola de protestas que empezó hace cinco semanas. Los huelguistas, principalmente obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros, tumbaron contenedores de basura […]

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Policías antimotines chocaron este miércoles en la capital política de Bolivia con manifestantes que exigen la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, quien evalúa decretar un estado de excepción para contener con militares la ola de protestas que empezó hace cinco semanas.

Los huelguistas, principalmente obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros, tumbaron contenedores de basura y prendieron fuego a montículos de desperdicios para armar barricadas en las cercanías de la plaza de armas de La Paz, donde está el Palacio de Gobierno, constató la AFP.

Los efectivos policiales los dispersaron con gases lacrimógenos, mientras los movilizados les arrojaban piedras y cartuchos de dinamita de bajo de poder.

Los manifestantes rechazan las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

«Algunos quieren vender, destrozar al país. Y como bolivianos verdaderos no los vamos a dejar», dijo a la AFP Omar Hancco, minero de 44 años de Oruro (sur), que viajó más de 380 kilómetros para protestar.

Los manifestantes llegaron por la mañana, ataviados de ponchos y cascos, tras una marcha de 15 kilómetros desde la ciudad vecina de El Alto. «¿Qué queremos? ¡Renuncia!», gritaban entre banderas indígenas y el ruido de petardos.

Al menos cinco civiles fueron detenidos por la policía durante los enfrentamientos, observaron periodistas de la AFP.

Paz, con siete meses en el poder, denunció el lunes que las protestas que piden su dimisión son impulsadas por «narcoterroristas» y promulgó una ley que le permite ahora declarar un estado de excepción.

Con esa medida se restringirían las libertades de reunión y movimiento, y las fuerzas armadas podrían apoyar a los policías en la desactivación de decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país.

En La Paz y El Alto se agudiza la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. Los precios de carnes y vegetales se duplicaron en los mercados, algunos conductores duermen en sus vehículos en las filas de las gasolineras y en los hospitales escasea el oxígeno para cirugías.

«Estamos con las manos abiertas, en diálogo (…). Pero también tenemos el amparo de la Constitución, ahora reforzada y reglamentada con la ley de (estados de) excepción», dijo Rodrigo Paz el lunes en una conferencia de prensa.

Según el gobierno, el daño económico causado por los bloqueos es de más de 1.200 millones de dólares.

Los principales sindicatos en protesta han rechazado los llamados al diálogo de las autoridades.

La gestión de Paz, nuevo aliado de Estados Unidos, acusa un supuesto intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor que él rechaza, de orquestarlo.

«Si es machito (Rodrigo Paz), que venga a hablar de temas sociales. ¡Que venga! Vamos a enseñarle cómo se gobierna», dijo este miércoles Morales durante un discurso a sus seguidores en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, donde es resguardado por una guardia campesina.

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