Cochabamba, 8 de agosto de 2026 – La opinión pública boliviana no deja de preguntarse sobre la aparente impunidad que rodea a Evo Morales, quien mantiene una campaña constante de descalificación contra el presidente Rodrigo Paz, calificando a su gobierno de corrupto y ligado al narcotráfico, mientras enfrenta serias denuncias penales que hasta la fecha no han tenido avances concretos en la justicia.
Las acusaciones contra el exmandatario incluyen delitos graves como abuso contra menores y terrorismo, este último derivado de los bloqueos de carreteras que se extendieron por 53 días consecutivos, afectando la economía nacional, el abastecimiento de alimentos y medicinas, y vulnerando los derechos fundamentales de miles de familias en todo el país.
Lo que más llama la atención de la población es la aparente contradicción: mientras Morales lanza acusaciones sin reservas contra las máximas autoridades del Estado, el Gobierno nacional no toma medidas efectivas para que la justicia avance en los procesos que pesan sobre él.
Incluso se cuestiona por qué no se interviene el refugio de Lauca Ñ, ubicado en el Chapare, un lugar que para muchos es un centro de resistencia política pero que también ha sido señalado como espacio donde se evaden las acciones legales.
En las calles de Cochabamba y del resto del país, los ciudadanos manifiestan su desconcierto: “¿Qué acuerdos hay detrás? ¿Por qué se le permite insultar y denostar al jefe de Estado sin consecuencias, mientras los procesos en su contra parecen estancados?”, se escucha decir en mercados, plazas y medios de comunicación.
La crítica se centra también en que el Poder Ejecutivo cuenta con los instrumentos legales y la atribución para garantizar que la justicia actúe con independencia y celeridad. Sin embargo, hasta el momento no hay explicaciones oficiales que aclaren por qué no se ha procedido a su detención ni a dar cumplimiento a las diligencias judiciales pendientes.
Para analistas y sectores sociales, esta situación profundiza la desconfianza en las instituciones y refuerza la percepción de que en Bolivia existen “ciudadanos de primera y de segunda”, donde unos se someten a la ley y otros parecen estar por encima de ella. La población exige que se rompa con cualquier tipo de pacto o complicidad, y que la justicia se aplique por igual para todos, sin importar cargos pasados ni influencias políticas.
Mientras tanto, los ataques verbales continúan y la incertidumbre crece: los bolivianos esperan que se respete el Estado de Derecho, que se investigue a fondo todas las denuncias –contra quien sea– y que se termine con la sensación de que la política está por encima de la ley.
