El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el envío al Parlamento de un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción y sostuvo que parte de las movilizaciones que mantienen bloqueadas amplias zonas del país están siendo alimentadas con recursos vinculados al narcotráfico.
Durante un acto oficial en el que tomó juramento al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario afirmó que la iniciativa busca otorgar mayor respaldo institucional y seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas para actuar en escenarios de emergencia, especialmente ante la situación que enfrentan ciudades como La Paz y El Alto, afectadas por más de un mes de bloqueos.
“Esta ley de reglamento para los estados de excepción en la patria ya ha sido enviada al parlamento y espero que pronto sea resuelta”, declaró Paz. Según explicó, la propuesta tiene como objetivo “fortalecer” la actuación de las fuerzas de seguridad bajo una lógica de asistencia a la población.
El presidente insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar el abastecimiento de bienes esenciales. “La gente necesita alimentos, medicina, combustibles. No vamos a dudar en aplicar el programa de acción humanitaria junto a la Policía y nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.
Las protestas, impulsadas por sectores sindicales, organizaciones campesinas y grupos afines al ex presidente socialista Evo Morales, mantienen bloqueos en distintos puntos del país y exigen la renuncia del mandatario.
La situación ha generado problemas de abastecimiento, restricciones en el transporte y dificultades para el funcionamiento de hospitales y servicios básicos.
Paz sostuvo que el conflicto actual va más allá de las reivindicaciones sociales y aseguró que detrás de algunas movilizaciones existen intereses vinculados al crimen organizado.
“No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos”, señaló.
El mandatario afirmó que las autoridades cuentan con elementos que respaldan esas acusaciones y aseguró que también existen indicios sobre la participación de personas cercanas al ex presidente Morales en la organización de las protestas. Sin embargo, evitó ofrecer detalles específicos sobre las investigaciones en curso.
Al mismo tiempo, Paz buscó diferenciar a quienes participan en manifestaciones por reclamos sociales de aquellos sectores que, según dijo, intentan desestabilizar el sistema democrático. Por ese motivo, reiteró su invitación al diálogo.
“Hemos dado respuesta inmediata y los hemos convocado para tener un diálogo franco abierto”, manifestó. Luego añadió que la posibilidad de avanzar hacia una solución negociada depende ahora de los dirigentes movilizados. “Ya depende de ellos la prontitud de poder estar junto a ese diálogo con el presidente, con los ministros”, afirmó.
El Gobierno también pidió la apertura de corredores humanitarios para permitir el ingreso de combustible, medicamentos y alimentos a las zonas más afectadas por los cortes de rutas.
“Dejemos abiertos los corredores humanitarios”, reclamó Paz, quien aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a activar nuevas operaciones para garantizar el tránsito de suministros esenciales.
Las tensiones aumentaron después de que dirigentes reunidos en un cabildo en la ciudad de El Alto rechazaran una convocatoria impulsada por la Iglesia para establecer una mesa de diálogo orientada a pacificar el país.
En ese contexto, el presidente describió la situación actual como uno de los desafíos más importantes que enfrenta su administración. “Esta es la batalla de todas las batallas”, afirmó.
Paz también denunció la existencia de campañas de desinformación impulsadas desde el exterior y aseguró que las redes sociales están siendo utilizadas para profundizar la polarización política.
