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Diputados debaten la abrogación de la ley que limita el uso de las fuerzas de seguridad en Bolivia

La Cámara de Diputados de Bolivia convocó a una sesión para este martes 26 de mayo, luego de que el Senado aprobara la abrogación de la Ley 1341 —conocida como «ley Eva Copa»—, que regula los estados de excepción y limita el uso de las fuerzas de seguridad en situaciones de conflicto interno. La medida […]

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La Cámara de Diputados de Bolivia convocó a una sesión para este martes 26 de mayo, luego de que el Senado aprobara la abrogación de la Ley 1341 —conocida como «ley Eva Copa»—, que regula los estados de excepción y limita el uso de las fuerzas de seguridad en situaciones de conflicto interno.

La medida se debate en el inicio de la cuarta semana de bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La convocatoria incluye en su orden del día temas administrativos, aunque los legisladores no descartan modificarlo para tratar el proyecto aprobado por el Senado, que busca habilitar legalmente al Gobierno para declarar un estado de excepción.

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, impulsor de la iniciativa, dijo a la agencia EFE que la norma vigente «ata de pies y manos» al Ejecutivo e impide el uso de la fuerza legal y legítima del Estado. También criticó que el Parlamento pueda «hacer y deshacer» el decreto presidencial en una situación de «convulsión o conmoción interna».

La ley que se busca derogar fue aprobada en 2020 durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez y reglamentó cuatro artículos constitucionales sobre el estado de excepción.

Entre sus disposiciones, prohíbe cualquier restricción a la libertad como forma de sanción y establece que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir si la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”.

El vicepresidente Edmand Lara, quien marca cada vez mayor distancia con el presidente, advirtió que la norma existe para evitar que el Estado «vuelva a responder a conflictos sociales mediante el uso de armas letales», en referencia a las muertes que tuvieron lugar durante la crisis de 2019.

La Central Obrera Boliviana (COB), que lidera las protestas, también rechazó la medida, mientras que dirigentes sindicales denunciaron riesgos de criminalización de la protesta y exigieron garantías para el diálogo.

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