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En Bolivia sectores sociales radicalizan protestas

LA PAZ.– Manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en Bolivia rechazaron este viernes los nuevos llamados del gobierno a dialogar y aumentaron los bloqueos de carreteras que sitian desde hace un mes a la capital política del país. Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros piden al mandatario centroderechista, con seis meses en […]

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LA PAZ.– Manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en Bolivia rechazaron este viernes los nuevos llamados del gobierno a dialogar y aumentaron los bloqueos de carreteras que sitian desde hace un mes a la capital política del país.

Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros piden al mandatario centroderechista, con seis meses en el poder, una salida a la crisis económica, la peor en cuatro décadas, pero sus reclamos se radicalizaron al considerar que no fueron escuchados.

“Nos han invitado a conversar, pero nosotros mismos hemos dicho: no podemos dialogar, este gobierno tiene que irse”, dijo a la prensa Juan Hidalgo, un dirigente de los Ponchos Rojos, poderoso sindicato campesino que protesta en las afueras de La Paz.

Enormes bloques de concreto impedían el paso de vehículos, mientras que mujeres de polleras repartían los almuerzos. “Renuncia hoy día o convoca a elecciones”, agregó Hidalgo, rodeado de otros agricultores que llevaban sus látigos en bandolera.

Este viernes se reportaron más de 70 bloqueos en carreteras del país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, una veintena más que a inicios de semana.

El miércoles, Paz, durante un acto público, invitó “por última vez” a negociar a los principales sindicatos obreros y campesinos. “Si no quieren dialogar, entonces viene la ley”, dijo.

El mandatario tiene ya vía libre para declarar el estado de excepción y controlar protestas con militares, luego de que el Congreso eliminara una norma que lo limitaba.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor de Paz, impulsa una comisión de diálogo con representantes del gobierno, del parlamento, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo.

Pero los principales manifestantes, los obreros y campesinos, no acudieron a ninguna de las sesiones.

Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, el sindicato más grande del país, tenía una orden de captura por supuestos delitos de “instigación a delinquir” y “terrorismo”. Y su gremio se rehúsaba a conversar con el gobierno mientras no se eliminara la medida.

La noche de este viernes la Justicia finalmente dejó sin efecto la orden de aprehensión que pesaba sobre él y otros dirigentes.

El impacto económico de los bloqueos ya alcanza dimensiones alarmantes, de acuerdo con la Cámara Nacional de Industrias, que cifra las pérdidas en más de 1680 millones de dólares, equivalentes al 2,26 % del PBI.

Por su parte, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estimó daños por más de 1000 millones de dólares en sectores productivos y exportadores.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que solo las exportaciones dejaron de mover más de 500 millones de dólares en cuatro semanas de paralización.

Según el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, la conflictividad deteriora la confianza de inversionistas y turistas.

“¿Quién se va a animar a invertir en el país o hacer turismo con semejante conflictividad?”, cuestionó.

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